CON ESTA NOTICIA TOMADA DEL DIARIO PRENSA LIBRE DE GUATEMALA, EVIDENCIAMOS EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS QUE HA IMPERADO ENTRE LOS SEÑORES SERGIO ANÍBAL HERNÁNDEZ LEMUS, VINICIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ BARRIENTOS, RONALD GIOVANNI GARCÍA NAVARIJO, EDUARDO JOSÉ LIU YON, JORGE HOMERO FUENTES ARAGÓN, JUAN MIGUEL ARITA ESPAÑA, EDWIN RAFAEL MÉNDEZ TELLO, DIRECTORES DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE GUATEMALA CON LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, LOS MAGISTRADOS DE LA SALA REGIONAL MIXTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE ANTIGUA Y LA JUEZ LIDIA RUBI PÉREZ FIGUEROA, DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE SACATEPÉQUEZ.
Le fue negado por parte de esos magistrados, el derecho al Licenciado Álvaro Erik Montes, que esta juez Pérez Figueroa, resolviera la audiencia en dónde se discutió el acto conclusivo presentado por el Ministerio Público y que fundamentara la resolución de esa audiencia. La Corte de Constitucionalidad, permitió ese vejamen a los derechos protegidos del Lic. Montes, porque no hay delitos en su contra, ni tienen legitimación los directores del banco ni el Ministerio público para accionar como lo hemos demostrado, pero, mientras paguen, como expresó el mandatario del banco, en Guatemala todo es posible, aunque se acuse con “adornos”.
Hasta que los guatemaltecos honestos se levanten y saquen la escoria, denunciando a los malos servidores públicos con sus respectivas pruebas como lo ha hecho Álvaro Erik Montes.
Con esta noticia publicada el día de ayer, confirmamos las violaciones al debido proceso y derecho de defensa que le asiste al Lic. Montes y
exponemos la podredumbre de valores que rige a estos personajes obligados a defender los derechos constitucionales.
Todas las resoluciones de los juzgadores deben ser fundamentadas en las Leyes, de lo contrario, las disposiciones Serán nulas de pleno derecho, por esas razones seguimos denunciando el CASO DE ÁLVARO ERIK MONTES, sabemos que tarde o temprano se hará justicia, aún con las amenazas de querer cerrar esta página por las aberraciones a las que se han prestado los encargados de la administración de justicia.
