A LA SOCIEDAD GUATEMALTECA, ORGANISMOS INTERNACIONALES, PRENSA NACIONAL Y EXTRANJERA, ASOCIACIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS DEL ORGANISMO JUDICIAL DE GUATEMALA.
En el año 2008, en el juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez tres personas fueron acusadas por los delitos de Actividad Interior de la Nación, Caso Especial de Estafa, Falsificación de Documentos Privados y Uso de Documentos Falsificados.
Por el delito de Actividad Interior de la Nación, atribuyeron los Directores del Banco de los Trabajadores y la Fiscalía Contra El Crimen Organizado del Ministerio Público, la noticia del político Obdulio Chinchilla Vega, que fuera publicada por el Diario el Periódico de Guatemala, el 06 de febrero del año 2007, por esa noticia, dijeron al juez, que el Banco había sufrido la pérdida de 158 millones de quetzales, porque varios ahorrantes habían realizado retiros de sus cuentas, siendo esto una falsedad, porque no se puede aseverar, que esa acción se tipifique como corrida de depósitos, así lo expresó el Superintendente de bancos al responder a la juez que le preguntó sobre esa acusación, los resultados del banco de ese año produjeron grandes ganancias como lo demuestran los balances respectivos, si el banco planteó la denuncia en una fiscalía especializada en el Ministerio Público, no ignoraban estos detalles. Los acusadores dijeron que en la primer semana de febrero de 2007 los depósitos del banco habían disminuido y que fue como consecuencia que el Director Suplente y la Auditora interna habían sustraído documentos que hacían referencia a un préstamo de 24 millones de quetzales dados sin respaldo a ese político y que habían sido ayudados a trasladar los documentos al Diario el Periódico por el Director Titular, Álvaro Erik Montes.
En octubre de 2008, el Ministerio Público solicitó al Juez Contralor, que sobresellera ese delito a favor de los tres acusados porque no podía considerar jurídicamente ese acto como delictivo entre otras razones, y porque tampoco podía acusarlos de lavado de dinero según la investigación que habían hecho en la Fiscalía Contra El Crimen Organizado, el juez accedió a esa petición.
En el mes de noviembre de 2008, el Ministerio Público solicitó al juez, la apertura a juicio de las tres personas por los delitos mencionados, se fijó la audiencia para el día 06 de marzo de 2009.
En el desarrollo de la audiencia el Mandatario del Banco de los Trabajadores y el Ministerio Público, le dicen al juez que solicitan sobreseer la acusación para dos de los imputados porque se dieron cuenta dentro de la audiencia, que no habían delitos que perseguir en contra de ellos, solamente le requerían que en el caso de Álvaro Erik Montes, seguía igual la acusación.
¿Y que pasó con la supuesta investigación por más de seis meses que realizó la Fiscalía contra el Crimen Organizado acusando a los tres por los mismos delitos solicitados por los Directores del Banco? Puede escucharse en la grabación de audiencia, que nunca le presentaron al juez documento alguno que hicieran ver en que fundamentaban la petición de desistimiento.
Quiere decir que aquí hay razones poderosas, para haberlos acusado con delitos simulados, confirmándose las denuncias hechas por el Lic. Álvaro Erik Montes en contra de los Directores Sergio Aníbal Hernández Lemus, Eduardo José Liu Yon, Carlos Alfredo Villeda Oliva, Jorge Homero Fuentes Aragón, Ronald Giovanni García Navarijo, Juan Miguel Arita España, Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos y Edwin Rafael Méndez Tello, del Banco de Los Trabajadores de Guatemala. Se evidencia que efectivamente el aparato estatal del estado guatemalteco ha servido de obstáculo cuando se denuncian los casos de lavado de dinero entre otros, terminan persiguiendo a personas inocentes o lo que es peor cegando vidas.
El segundo Delito que les imputan, es el de Caso Especial de Estafa, Por este delito vuelve a utilizar y a expresar el mandatario Jorge Rolando Rosales Mirón, que el banco sufrió la pérdida de 158 millones de quetzales porque hubo una corrida de depósitos debido a la noticia del Periódico de Guatemala, que esto se dio, porque la Junta Directiva del banco anuló por segunda vez la compra de acciones en el año 2007, por lo que invocan como tal ese delito.
Como puede verse, aquí NO HAY NINGUNA ESTAFA, NI FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS NI PÉRDIDA EN EL PATRIMONIO del Banco de Los Trabajadores de Guatemala por la compra de acciones del día 08 de junio del año 2006, entre particulares y el banco, si en su haber se dieron dos anulaciones con marcado espacio de tiempo. ¿Por qué utilizaron la noticia del Diario el Periódico en la segunda anulación, como pérdida del patrimonio del banco? ¿Y en la primera anulación, por qué no tipificaron que tuvieron pérdida con la compra de Acciones?
Por petición del Director de la Superintendencia, se convalidaron esas acciones por la Junta Directiva del Banco en el mismo año 2006, por tal motivo no hay ninguna pérdida que sea tipificada como estafa, de haberla los Auditores de la Superintendencia no se pronunciarían a favor de la convalidación requerida dentro de la investigación que realizaron. Lo que si hay es el soborno que pagaron los Directores del Banco para que los Fiscales del Ministerio Público y los Magistrados de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones resolvieran a favor de ellos, como se explica con lo expuesto y lo afirma el ex mandatario del banco, hoy magistrado presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela.
El Ministerio Público, no puede invocar el delito de estafa utilizando la noticia del Diario el Periódico de Guatemala, debido a que solicitó el desistimiento como quedó arriba anotado, y el 10 de abril del año 2013, quedó firme la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez, expresa la juzgadora que Álvaro Erik Montes, no pudo haber ayudado a trasladar ningún documento al Diario El Periódico, que la documentación del Sr. Obdulio Chinchilla Vega, estuvo en varias manos, expresando además otros argumentos que favorecen al Lic. Montes.
Sin embargo, por los negocios oscuros que hacen los Directores del banco y los jueces y magistrados a quiénes se ha denunciado por soborno, tráfico de influencias, para mantenerse se ven comprometidos con los círculos paralelos que tienen copado al sector justicia. Los Magistrados de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua, obedecieron la orden que recibieron de sus benefactores para “HACERLE DAÑO CON SUS RESOLUCIONES” al Abogado Álvaro Erik Montes, así lo pronunció la dilecta magistrada de esa Sala, aconsejándolo que se vaya del país.
Si el Banco de los Trabajadores de Guatemala, no sufrió pérdida en su patrimonio por la compra de Acciones que iban a realizar dos empresas a sus trabajadores, ¿por qué aceptaron los magistrados de la Sala mencionada tipificar el DELITO DE ESTAFA? Ahora se puede comprender porqué la Juez Lidia Rubi Pérez Figueroa, no pudo resolver la audiencia que ella presidió, pero también es cómplice de los grupos paralelos que tienen de rodillas a los ciudadanos honorables de Guatemala.
El tercer delito imputado es el de Falsificación de Documentos Privados y Uso de Documentos Falsificados, Si no hubiera el pago de favores entre los magistrados y sus benefactores como dijo la magistrada de la Sala de Antigua, así como el soborno que pagaron los Directores del Banco de Los Trabajadores de Guatemala, los conocedores en materia penal, pueden calificar como excluyentes estos dos delitos, los magistrados al resolver la apelación planteada por el banco y el Fiscal del Ministerio Público, lo hicieron con estas atrocidades jurídicas, por lo que el Lic. Álvaro Erik Montes y su Abogado Defensor han tenido que plantear las excepciones correspondientes, sin embargo una fue declarada sin lugar por el juez ElderRocael Girón Álvarez, quien ignorando la independencia judicial, expresó que no puede desobedecer la “orden que tiene de los magistrados” y que el banco no ha dejado de instar, lo creíble sería que no ha dejado de pagar.
Se acudió en apelación ante los “honorables” magistrados de la Sala de Antigua, y se presentó una querella por denegación de justicia el 23 de junio del presente año, hoy 21 de julio de 2014, se recibe la notificación en donde los magistrados titulares se inhiben de resolver y convocan a los suplentes.
Véase la mala fe con que actúan los Magistrados Sergio Amadeo Pineda Castañeda, Greta Antilvia Monzón Espinoza, José Luis Samayoa Palacios, de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua, como se afecta los intereses de los Directores del Banco de Los Trabajadores, ahora retardan maliciosamente el trámite de la querella presentada el 23 de junio, que debieron subir ante la Corte Suprema de Justicia , porque son DELITOS DE IMPACTO, no delitos simulados como los que le endilgan al Licenciado Montes.
El 18 de Agosto de 2014, será la audiencia en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Antigua Guatemala, para que resuelvan la excepción de estos delitos excluyentes.
Con lo expuesto rogamos a la sociedad guatemalteca e internacional que no se permita a los jueces y magistrados comprometidos con sus benefactores y grupos paralelos, que asuman puestos en los Tribunales de Justicia, tenemos la obligación de denunciar, para tener una Guatemala mejor.