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Se les invita a escuchar este audio que data del 10 de abril del año 2013, pertenece a la audiencia celebrada en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Sacatepéquez. Por la apelación que presentó el Ministerio Público ante la Sala Regional Mixta de la Corte De Apelaciones del Ramo Penal de Sacatepéquez, que se derivó como consecuencia del otorgamiento de sobreseimiento a favor del Abogado Álvaro Erik Montes Echeverría. Se da a conocer la podredumbre de los jueces, magistrados y fiscales, que tienen a su cargo la vida civil y jurídica, así como la libertad de todos los guatemaltecos. Porque los procesos ya están pagados como lo expresó el primer mandatario del Banco de Los Trabajadores en la Antigua Guatemala y esa prueba fue puesta en conocimiento de la ODHAG (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado) y otras instituciones nacionales y extranjeras. Escuchen la acusación del mandatario del banco para requerir que Álvaro Erik Montes Echeverría sea enviado a Debate, le expresa a la Juez Lidia Rubi Pérez Figueroa, “Que lo que está dentro del proceso son puros adornos y expresa que la compra de acciones en sí, no es el problema, sino que a futuro el acusado se quería apoderar del banco” estas expresiones obran en el tiempo de grabación a una hora veintiséis minutos con diez segundos, estando presente la Agente Fiscal del Ministerio Público, quien junto a la juez aceptó esa acusación absurda, ilógica e ilegal,  desde el momento que el Ministerio Público está persiguiendo al señor Montes por las Acciones que puso a la venta el mismo banco de Los Trabajadores y que fueron adquiridas a través de un Promotor de Negocios  para beneficio de trabajadores de diferentes empresas,  como quedó demostrado en la investigación de la Superintendencia de Bancos quienes determinaron que fue una operación legal, con este audio se demuestra la persecución por haber denunciado a ex directores y funcionarios por lavado de dinero, narcotráfico y corrupción como ahora es público y notorio, se demuestra que cuando los procesos son pagados por los abogados pueden decir lo que quieran y los operadores de justicia son sus empleados… “EL FUERO ESPECIAL EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE GUATEMALA”, nunca ha cesado para condenar a los inocentes, realizar un Debate como el presente caso “con delitos que nunca fueron cometidos por acciones futuras” con la venia del Ministerio Público, sólo puede suceder para ser perseguidos y condenados los guatemaltecos, Por eso lo ponemos de conocimiento de todo el mundo para que examinen como actúa la justicia cuando las personas honorables denuncian delitos de impacto social como lo hizo el Abogado Montes y porque le fue negado este audio como aportación de Pruebas para su Defensa, porque la vergüenza que sintió Patricia Elizabeth Gámez Barrera al escuchar lo que se probaría en el debate, siendo ella enemiga declarada del Abogado Montes y ser parte de esta persecución no quiso aceptarla.

El Banco de los Trabajadores de Guatemala, sigue sobornando al Organismo Judicial en el caso del Abogado Álvaro Erik Montes Echeverría por la noticia que publicó el Diario el Periódico por un préstamo  otorgado al político Obdulio Chinchilla Vega, hay una sentencia debidamente ejecutoriada por el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Sacatepéquez, favorable para el Licenciado Montes, en donde la Juez explica detalladamente que Álvaro Erik Montes no tuvo nada que ver en la documentación que publicó el diario según las pruebas aportadas de descargo y en su momento procesal el Banco no se opuso a la Sentencia. Como no lograron condenarlo en Sacatepéquez, presentaron otra querella en el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, éste Juez desestimó la querella en la cual adujo el Banco que Álvaro Erik Montes se había concertado con los otros dos imputados que ya no están en el proceso, ayudándoles a trasladar la documentación para que el Diario el Periódico publicara noticias falsas. Como verá el lector, el banco desistió de los principales imputados y sigue sobornando al Organismo Judicial por una presunta concertación que no  pudo probar en el Juzgado de Sacatepéquez.

La Sala Cuarta de la Corte De Apelaciones del Ramo Penal resolvió confirmando el fallo del Juez del Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, la Corte de Constitucionalidad al resolver una acción de amparo que promovió el banco, confirmó que no hubo violación al debido proceso y dictaminó que el juzgador resolvió apegado a derecho. Pero como en Guatemala todo se puede si hay soborno de por medio, el Banco de los Trabajadores presentó ante la Corte Suprema de Justicia otra acción de amparo porque al resolver la Sala cuarta confirmó que el recurso con que apeló la Sentencia del Juez de Instancia no era el idóneo, sin embargo la Corte Suprema ayudando al banco ordenó que la Sala volviera a resolver con un recurso que en su momento procesal no correspondía, aquí se da la violación al artículo 4 de la Constitución de la República de Guatemala que indica “que en Guatemala todos los seres son iguales en dignidad y derechos”, sin embargo eso no se aplica para el Licenciado Montes porque se afectó su derecho de igualdad ante la ley y derecho de defensa contenida en el artículo 12 Constitucional.

La Sala vuelve a resolver por tercera vez que el Juez no varió las formas del proceso y que el recurso con que apeló el banco no procedía, confirmó la sentencia del Juez. El banco presenta una Casación ante la Cámara Penal, y como la corrupción sobrepasa lo creíble estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal (magistrados que están ilegítimamente en funciones porque su periodo desde hace dos años venció) como no pueden resolver de fondo el recurso de Casación presentado por el banco, mejor de “OFICIO” ordenan a la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal que emita una nueva resolución porque ellos consideran que hay variación al debido proceso y afectando los derechos no solo para el Abogado Montes sino para todo ciudadano que haya sido juzgado por un mismo hecho ya que según la ley es cosa juzgada, pretende la CSJ, que no procede.

Y de esa manera la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones tendría que emitir una cuarta resolución o las veces que sean necesarias hasta favorecer al crimen organizado, veremos si la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en el Amparo 845-2022 oficial 6º.,  interpuesto por el Licenciado Montes el 16 de febrero 2022, aceptan que se violen los derechos contenidos en la Constitución de la República de Guatemala y los Convenios Sobre Derechos Humanos y se permita una cuarta resolución por no haber sido favorables para el crimen organizado incrustado en  el banco, las tres primeras sentencias y aceptando una resolución de oficio de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de un recurso que fue interpuesto por el Banco de los Trabajadores sin ser el idóneo en su momento procesal. 

Porque no hay indicios, ni elementos delictivos dentro de la Carpeta Judicial y el Ministerio Público no tiene Pruebas Materiales para sustentar el Debate Oral y Público.

Como existe un precedente que por falta de Pruebas del Ministerio Público el Tribunal de Sentencia suspendió el Debate, por esos motivos se le requirió a la Juez Rafaela Salazar López del Tribunal de Sentencia, por ser ella la que ejerce autoridad y disciplina dentro del proceso, que intimara al Ministerio Público para que responda si tienen o no las pruebas que servirán para sustentar la acusación en un segundo Debate.

En virtud que el Ministerio Público de Guatemala en una audiencia con la Jefe de la Fiscalía del Crimen Organizado y la Auxiliar Fiscal Diana Julieta Santiago Macal, le confirmaron al Abogado Álvaro Erik Montes, que no tienen pruebas materiales que sustenten la acusación que le hicieron.

¿Cuántos ciudadanos creen y tienen confianza que haya certeza jurídica y se resuelva apegado a derecho en las Resoluciones emitidas por Jueces o Magistrados del Organismo Judicial en Guatemala?

Poco a poco se ha venido enseñando al mundo lo importante que es tener Jueces y Magistrados probos, imparciales, ciegos como lo dicta la Diosa Temis que representa a la Justicia, que el Ministerio Público cumpla con los principios para lo que fue creado, lamentablemente hace muchos años que el sistema de justicia en Guatemala está en un elevadísimo porcentaje de corrupción, la mayoría de Jueces y Magistrados están al servicio de la impunidad, y del crimen organizado.

En esta página donde hemos venido denunciando el caso del Abogado Álvaro Erik Montes, les ponemos a la vista los motivos que se dieron para requerir la Recusación de la Juez Rafaela Salazar López, del Tribunal de Sentencia de Sacatepéquez; esta juzgadora requirió al Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente que le fuesen remitidos los expedientes que conforman el proceso instruido en contra del Abogado Montes. La defensa solicitó al Tribunal de Sentencia que les extendiera copia certificada de la documentación que sustentará la acusación en el juicio, a lo que accedió la Juez Salazar; cuando se examinó la carpeta judicial por la Defensa y el Abogado Montes, constataron que dentro de ella no hay ningún elemento ni indicio que sea constitutivo de delito, todo lo que hay favorece al Abogado Montes.

El artículo 2.- del Código Procesal Penal indica: No hay proceso sin ley. (Nullum Proceso sine lege). No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley…

Está claro que si sobornaron con 100,000 quetzales los ex directores del Banco de Los Trabajadores al Ministerio Público para que prosperara la denuncia en contra del Abogado Álvaro Erik Montes, es porque delitos y pruebas materiales delictivas en su contra no hay, así lo resolvió el Juez que sobreselló este caso en Primera Instancia. Si dentro del expediente hubiese existido una sola prueba material de los delitos que le imputó el Ministerio Público, el Juez de Instancia no habría decretado el sobreseimiento.

Durante todo el proceso hubo infinidad de anomalías cometidas por los Jueces y Magistrados, cuando sean examinadas las actuaciones por un ente internacional se sorprenderá en manos de quienes está la aplicación de justicia y la vida de muchos inocentes  como el caso de Álvaro Erik Montes en Guatemala.

Ahora por favor lea el memorial de Recusación y los motivos del por qué continúa la persecución en contra del Abogado Álvaro Erik Montes.

Están obligados a resolver conforme la Constitución de la República de Guatemala.

La burla, persecución y criminalización para los ciudadanos honrados que respetan las normas y leyes es cada vez más grave si llegan a denunciar situaciones de alto impacto y caen en las garras de una justicia fallida. Es evidente  a quién sirven los encargados de impartir justicia en Guatemala.

El Abogado Álvaro Erik Montes, sigue denunciando su caso, fue víctima del sistema putrefacto de justicia, Cómo hemos señalado a lo largo de estos años y presentado las pruebas correspondientes.

Solo en las Cortes de Guatemala pueden resolver en forma descarada, Véase la página número 13 de la Acción de Amparo que está en esta página web y sobre lo que se fundó la Honorable Corte de Constitucionalidad al resolver, aceptan que la juez Patricia Elizabeth Gámez Barrera que fue la juez que conoció el Ofrecimiento de Pruebas el 12 de octubre de 2016, no ignoraba que habían excepciones, recursos e incidencias pendientes por resolver y que por lo tanto no podía llevar a cabo dicho ofrecimiento de pruebas porque violaría la legítima Defensa del Abogado Montes.

ESA SAGRADA DEFENSA, está contenida en el artículo 12 de la Constitución de la República de Guatemala y también en la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por Guatemala. Es inaudito que les parezca a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad que el hecho reclamado por Álvaro Erik Montes no sea un agravio de relevancia; cuando precisamente por la violación al Debido Proceso y Derecho de Defensa cometida por la juez Gámez Barrera, el Tribunal de Sentencia de Sacatepéquez en el año 2017 suspendió el Debate después de la cuarta audiencia cuando Álvaro Erik Montes ya había presentado su declaración y todas las pruebas de descargo botando con ello la acusación y demostrando su inocencia, en ese momento la querellante y  el Ministerio Público solicitaron que se suspendiera porque  habían recursos pendientes por resolver.

¿No les parece suficiente violación señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala?

Para el Abogado Montes es una tortura psicológica,  su vida siempre ha estado en peligro de muerte por los sicarios que han enviado varias veces a matarlo.

Hoy presentamos ante los ojos del mundo esta nueva aberración cometida por la alta corte, les invitamos a leer  donde solicitamos el Recurso de Aclaración y Ampliación en donde puede leerse lo que hemos expuesto.

Así es la justicia en Guatemala. ¡Una Justicia fallida!

Acción de Amparo denegado porque, según los Magistrados de la CC, no se ocasionó un agravio de relevancia. Con ese criterio se daña la vida de una persona inocente

Recurso de Aclaración y ampliación ante la Corte de Constitucionalidad, 30 de julio de 2019.

Todo por querer ayudar a la juez que cometió delitos, correspondiendo a sus patrones del  crimen organizado, ya que es obligación de la Corte de Constitucionalidad, certificar lo conducente para que esta mala juzgadora, sea investigada. En virtud, que esta “honorable corte” ya resolvió otras apelaciones que se presentaron mucho tiempo después y se han negado a resolver la que data desde hace dos años, porque es evidente que la Etapa Intermedia no había precluido,  existiendo a la presente fecha muchos recursos pendientes de resolver por parte del Juzgado de Instancia y en la misma Sala de la Corte de Apelaciones, por lo tanto no podía Patricia Elizabeth Gámez Barrera, enviar al Abogado Montes a Debate y en el Tribunal de Sentencia, tampoco podía la juez iniciarlo.

Así que la Corte de Constitucionalidad debió resolver la que primero en tiempo, primero en derecho, de esa cuenta la justicia duerme el sueño de los justos y el Abogado Álvaro Erik Montes, no puede tener una justicia pronta y cumplida.

El Debate fue suspendido por esas ilicitudes cometidas por las juzgadoras.

Por esas razones la presente carta de queja que exponemos, se le presentó al Presidente de La Corte de Constitucionalidad, para que se desengavete la resolución, y sea notificado el Licenciado Montes.

Por inverosímil que parezca, la recepcionista no quería recibir la carta de queja, realizó varias consultas antes de darle trámite. Esto en flagrante violación al derecho que tienen los ciudadanos, a hacer peticiones a los servidores públicos. Así está la justicia en Guatemala, si es que se le puede llamar justicia. Requerimos a los Magistrados de la Corte, que se investigue este caso y se sancione a los responsables, porque de “gratis” estamos convencidos que estos malos funcionarios no engavetan esos expedientes.

Hoy hacemos del conocimiento público la carta presentada ante la Fiscal General del Ministerio Público de Guatemala, Doctora, María Consuelo Porras Argueta, en virtud que todos los funcionarios,  fiscales y secretarios privados, que han conocido, revisado y recibido las pruebas materiales de descargo presentadas por una falsa acusación fabricada con delitos simulados en contra del Licenciado Álvaro Erik Montes, le han dado la razón, pero ninguna solución a pesar de citarlo para arreglar esta ilegal e ilegítima persecución.

 Es lamentable que por el pago de sobornos a la Fiscalía del Crimen Organizado a través de la  Agente Fiscal Diana Julieta Santiago Macal y de sus antecesores,  hayan mantenido y llevado a debate este caso, sin tener legitimación el Ministerio Público, sin existir pruebas materiales para sustentar la acusación y sobre todo persiguiendo a una persona inocente que jamás cometió delitos.

Hace 2 años, la fiscal sobornada por los ex Directores Sergio Aníbal Hernández Lemus, Juan Miguel Arita España, y otros funcionarios,   del Banco de los Trabajadores de Guatemala, la Agente Fiscal en mención  Diana Julieta Santiago Macal, al ver que no tenían pruebas materiales en contra del Abogado Montes, pidió a la juez de sentencia la suspensión del debate, el cual fue otorgado por la juzgadora, siendo eso un acto ilegal, o sea una monstruosidad jurídica que solo en Guatemala, como un estado fallido se puede permitir.

¿Cuántos casos así pasan inadvertidos a la opinión pública? La justicia en Guatemala se compra, en ésta página se encuentran resoluciones aberrantes, en donde con toda la desfachatez fue manipulado el proceso con la ayuda de todos los que conocieron y resolvieron, obviamente recibiendo el pago respectivo por el crimen organizado.

Ahora es preocupante, que todos sin excepción reconozcan que no tiene legitimación el Ministerio Público y lo más grave, que pruebas materiales, nunca las tuvieron, solo tenían a su disposición las arcas del banco para comprar a los Jueces y Magistrados para que condenaran a un inocente, por lo que pedimos a la Fiscal General Consuelo Porras la pronta investigación y resolución del caso del Abogado Álvaro Erik Montes. “No mas persecución a inocentes, que están en contra de LA CORRUPCION,  y se atreven a denunciar al crimen organizado”

Hoy hacemos de su conocimiento la condena moral, en contra de la juez Patricia Elizabeth Gámez Barrera del Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Sacatepéquez.

En Guatemala las injusticias que se han cometido por parte de operadores de justicia aún con las pruebas que se presenten ante los Órganos correspondientes nunca prosperan, por el tráfico de influencias, pago de sobornos y la corrupción enraizada en las instituciones.

Patricia Elizabeth Gámez Barrera, no fue una juez imparcial como podrán leer en éstos documentos que adjuntamos en el caso del Abogado Álvaro Erik Montes. Los Directores del Banco de Los Trabajadores que hoy están en prisión preventiva, entre ellos Sergio Aníbal Hernández Lemus, Eduardo José Liu Yon, Ronald Giovanni García Navarijo, Juan Miguel Arita España, sobornaron con grandes cantidades de dinero a los jueces, fiscales, y magistrados que hemos denunciado desde hace muchos años, en ésta página para condenar y silenciar a un inocente. Ahora ha salido a luz pública los hechos que el Licenciado Montes denunció desde hace muchos años antes que se instalara la CICIG en Guatemala.

En estos tiempos, gracias a la Comunidad Internacional que ha aportado mucha ayuda en el sistema de justicia, se han investigado profundamente los actos delictivos y se percibe una fuerte lucha en contra de la impunidad y la corrupción. Los ciudadanos, están cada vez más unidos y convencidos que la lucha es para bien de Guatemala.

Léase el Memorial presentado ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez el día 6 de marzo de 2018, en donde el Abogado Álvaro Erik Montes vuelve a suplicar que resuelvan la excepción presentada en el año 2014 y la eleven a la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones para que siga su trámite legal. Aquí está clara la participación directa de Patricia Elizabeth Gámez Barrera ayudando a los Directores del Banco de Los Trabajadores de Guatemala. Porque habiendo recursos pendientes por resolver, esta juez cuestionada no podía enviar a Debate al Señor Montes, hasta que se cumpliera el debido proceso. Con el agravante que ella era enemiga declarada como podrán leer en estos documentos. También que cuando ella presidió la audiencia para la aportación de pruebas por las partes, nunca el Ministerio Público ofreció ninguna prueba material para probar la acusación, consta en el audio de fecha 12 de octubre de 2016.

Por todas esas razones acudimos a la postuladora para que no se elija a una persona con tachas e inclinada a ayudar al crimen organizado.

DECLARACIÓN TESTIMONIAL EN CONTRA DE LA JUEZ PATRICIA ELIZABETH GÁMEZ BARRERA, POR DELITOS COMETIDOS AMPARANDOSE EN SU INVESTIDURA DE JUEZ

DENUNCIA ANTE LA SUPERVISIÓN DE TRIBUNALES EN CONTRA DE PATRICIA ELIZABETH GÁMEZ BARRERA, PORQUE CUMPLIÓ LAS AMENAZAS QUE PROFIRIÓ AL ABOGADO ÁLVARO ERIK MONTES

PRUEBAS PRESENTADAS EN CONTRA DE PATRICIA ELIZABETH GÁMEZ BARRERA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, POR SER UNA JUEZ CORRUPTA Y FUERAN PRESENTADAS ANTE LA CSJ PARA RETIRARLE EL ANTEJUICIO

SEGUNDA RECUSACIÓN PRESENTADA AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE SACATEPÉQUEZ EN CONTRA DE PATRICIA ELIZABETH GÁMEZ BARRERA POR EL DAÑO QUE SIGUE CAUSANDO AL ABOGADO MONTES. EL 25 DE ENERO DE 2018

Este Recurso no lo han resuelto desde el 2014, Patricia Elizabeth Gamez Barrera fue sobornada para enviar a Debate al Abogado Álvaro Erik Montes y ayudar a los Directores del Banco de los Trabajadores.