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¿De dónde creen que salió la millonaria suma de dinero retenido a exdirectores del banco?

Si fuera objetivo el Ministerio Público en su investigación y no protegiera delincuentes de cuello blanco, esta persecución ya habría terminado, de no ser por los 100 mil quetzales que pagaron de soborno los exdirectores para que prosperara esta denuncia, eso fue al inicio; pero dentro del desarrollo del proceso siguieron sobornando a los magistrados como lo denunciamos en esta página con su respectiva prueba. la Doctora Consuelo Porras delegó a su Secretario Estuardo López para que volviera a investigar el caso del Abogado Álvaro Erik Montes, este Secretario le recibió todos los documentos que contienen los motivos por los cuales fue perseguido por parte de los Directores del banco, le dio la razón y ordenó que la Jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado Sara Elizabeth Romero, resolviera este caso.

La Fiscal Sara Romero en presencia del Abogado Montes hizo llamar a Diana Julieta Santiago Macal, quien le expresó que pruebas materiales no hay para sustentar esta acusación, sin embargo la jefe de la Fiscalía primero fue cambiada de lugar y después despedida y teniendo la documentación de los motivos por los cuales fue acusado Álvaro Erik Montes así como el testimonio de la Fiscal Santiago Macal que representó en las audiencias al Ministerio Público no resolvió nada.

¿Cuántas personas inocentes estarán purgando en las cárceles por la ineptitud del Ministerio Público?

Lea la Acción De Reporto celebrada entre los dos Empresarios que por mejoras a sus trabajadores les compraron Acciones, siendo esta una prueba material entre otras, presentada por la Defensa del Abogado Montes y Como pudo leer en el anterior artículo se encuentra el Dictamen Favorable suscrito por el Coordinador del Área de Acciones en donde confirma que dicha compra fue legal, ante eso, el Banco de Los Trabajadores y el Ministerio Público siguen violando los derechos del Abogado Montes, persiguiéndole con delitos simulados y convirtiéndose en verdugos de un inocente para favorecer al crimen organizado.

A pesar de las múltiples denuncias con pruebas documentales hechas a la doctora Consuelo Porras Argueta, al Secretario Estuardo López y distintos funcionarios de la actual administración del Ministerio Público, se niegan a poner ante el Juez las pruebas materiales y ante la Defensa del Abogado Montes; hasta se interpuso una Acción de Amparo para que le presentaran las pruebas materiales a la Defensa del Licenciado Montes y no prosperó, todavía está engavetada la resolución para que se pronuncie el Ministerio Público acerca de dichas pruebas. Sabemos que no existen porque Ávaro Erik Montes, nunca cometió ningún delito; la persecución ilegal continua y el peligro latente en que se encuentra el Ciudadano honorable que se atreve a denunciar corrupción, lavado de dinero y narcotráfico este es el caso del Abogado Álvaro Erik Montes Echeverría, quien continúa siendo perseguido con delitos simulados por el Ministerio Público y el Banco de Los Trabajadores de Guatemala.

Una vez más señalamos directamente a las dos juezas del Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Sacatepéquez, porque sus fallos no fueron apegados a derecho, no fueron imparciales, inclinándose a favor del crimen organizado, al no haber cometido delitos el Licenciado Montes,  no pudieron fundamentar el 10 de abril del año 2013 de acuerdo a las leyes los motivos del por qué lo enviaba a Debate Oral y Público Lidia Rubi Pérez Figueroa, ella en su resolución expresa  “Que es una orden de los Magistrados de la Sala”, entonces cualquier enemigo del crimen, basado en una orden y no por delitos existentes será juzgado en un fuero especial. La segunda Juez es Patricia Elizabeth Gámez Barrera, quien sabiendo que era enemiga declarada del Licenciado Montes porque ella lo amenazó en una audiencia para que él no se defendiera vedándole el Derecho de Defensa contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 12, en venganza preside la audiencia el 12 de octubre del año 2016, para ofrecimiento de Pruebas; en esa audiencia exclama “Que como se trata de un banco, pues es difícil de entender” al ver que el Ministerio Público no presentó pruebas materiales para sustentar los delitos, sino que únicamente leyó un documento para referirse a lo que presentaría en el Debate, sin embargo ninguno sirve para sustentar el Delito de Estafa, porque no presentó documento de pérdida o deterioro sufrido en el Patrimonio del banco y tampoco presentó documentación fehaciente que demuestre la Falsificación de Documentos y el Delito de Uso de Documentos Falsificados. Estos son los documentos que actualmente se encuentran en el expediente en el Tribunal de Sentencia. siendo esto una verdadera persecución en contra del Abogado Álvaro Erik Montes, porque él, sí ha presentado suficientes pruebas materiales para demostrar su inocencia aún no le corresponde hacerlo.

 Precisamente por quedarse callados los perseguidos por la justicia fallida y no poner a la vista del mundo las violaciones que los juzgadores cometen valiéndose de su investidura condenan a personas inocentes.

 Puede leerse en el artículo anterior publicado en esta página el 8 de junio del presente año, la acusación vertida por el Ministerio Público, aceptada por las juezas corruptas que hemos señalado, para que analicen los Abogados y público en general, que es una acusación espuria, y que viola además de las leyes contenidas, la ley Orgánica del Ministerio Público ARTÍCULO 49. Serán motivo de sanción disciplinaria los siguientes hechos u omisiones:  NUMERAL 7. Hacer acusaciones, pedimentos, formular conclusiones o rendir dictámenes que tengan como base hechos notoriamente falsos, o que no expresen fundamentos legales.

Si el Ministerio Público fuera objetivo e imparcial como rezan sus postulados, no seguirían con una acusación con hechos notoriamente falsos, ni protegería a funcionarios corruptos como es la Fiscal Aura Patricia Wong Pineda, a quien se le acusó por haber presentado un informe con falsedades y si hubiesen investigado a través de las respuestas y pruebas materiales a dicho informe por el Abogado Montes, este caso ya habría concluido.

Durante quince años el Abogado Álvaro Erik Montes ha sufrido persecución de parte de Fiscales, Jueces y Magistrados que a través de tráfico de influencias y el pago de sobornos que se hiciera para que prosperara la denuncia en el Ministerio Público, así como el pago que se hizo para que fuera enviado a debate y condenado según lo expresó el ex mandatario del banco en Antigua Guatemala y dichas pruebas materiales fueron entregadas a los Secretarios Generales  del Ministerio Público, sin que nadie a la actual fecha hiciere nada. Una persona inocente por la ineptitud de quienes han dirigido el Ministerio Público, volverá a enfrentar a sus verdugos, porque no ignoran que es una persecución por haber denunciado lavado de dinero y narcotráfico cometido por Ex Directores y Ex Funcionarios dentro de la institución bancaria. Recordamos al Ministerio Público que no se opuso legalmente, cuando el mismo Mandatario del Banco de Los Trabajadores le dijo a la Juez en la audiencia del diez de abril del año 2013 para que el acusado fuera enviado a Debate, su argumento fue: “Que dentro del Proceso instruido lo que había eran puros adornos, que el acusado, refiriéndose a Álvaro Erik Montes Echeverría lo que quería a futuro era apoderarse del banco”… consintiendo ésta aseveración la Agente Fiscal Diana Julieta Santiago Macal, a quien se le denunció y no prosperó la denuncia. De esa manera la Juzgadora no pudo fundamentar legalmente las razones de hecho y de derecho por los cuales enviaba a Debate al Señor Montes, limitándose a expresar “QUE ERA UNA ORDEN DE LA SALA”, sin embargo las leyes internas del país determinan que es obligación fundamentar en la ley los motivos por los cuales una persona enfrentará Debate y en palabras claras exponer los motivos de forma y fondo. Así que una vez más les pedimos que por favor nos acompañen, en virtud que las violaciones de los Derechos Humanos del Abogado Álvaro Erik Montes Echeverría que se han dado durante este proceso, están a la vista en esta página y por esos motivos aún siendo las audiencias de Debate Oral y Público como lo expresa el postulado, no se permite que se graben las audiencias para conocimiento de la población guatemalteca y de los Derechos Humanos Protegidos internacionalmente.

ESTA ES LA ACUSACIÓN VERTIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, según las características del Código Procesal Penal, Capítulo II acerca de la Acusación contenida en el Artículo 332, Numeral 2.

II.-  DE LA RELACIÓN CLARA PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO PUNIBLE Y CLASIFICACIÓN JURÍDICA, POR EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS:

Únicamente pueden comprar acciones comunes los trabajadores que tengan relación de dependencia laboral…, hasta por un monto de DOS MIL ACCIONES COMUNES cada uno. Y con el propósito de tomar el control de CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTAS ACCIONES COMUNES.

Para formalizar la compraventa de dichas acciones, indujo directamente al Asesor Financiero del Banco Abraham Vitelio Samayoa Tinti (Por la jerarquía que ejercía en el banco y por el hecho de que antes de ingresar fueron compañeros de trabajo, además de haberle dado la oportunidad de trabajar en el banco) y a los gerentes generales y representantes legales del Cuerpo Profesional de Seguridad S.A (Por razón de amistad e interés, porque el dinero les fue proporcionado a través de su persona proveniente de la entidad UTIL VALOR S.A., Oscar René González Reyes, por la jerarquía que usted ostentaba como miembro de la entidad del Consejo de Administración, de esta forma pudo ejercer toda su influencia para que insertaran y en algunos casos convencieran a los trabajadores de esas empresas. Para insertar falsamente declaraciones contrarias a la verdad en sesenta solicitudes de compra de acciones. (CITAN LOS 60 NOMBRES DE LOS COMPRADORES). Después de citar los nombres de los adquirientes, expresan que los formularios no fueron proporcionados por el banco y con lo que se pretendía probar falsamente que sesenta trabajadores querían adquirir acciones, expresa el Ministerio Público, que el 90 x % del dinero fue proporcionado por Álvaro Erik Montes. Y vuelve a expresar que indujo al Asesor Financiero para que insertara declaraciones contrarias a la verdad y que los formularios no fueron proporcionados ni llenados en la Agencia como era el procedimiento y cuya procedencia se ignora.

ACUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO POR EL DELITO DE USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS

…Con pleno conocimiento que sólo pueden comprar acciones comunes los trabajadores que tengan relación de dependencia laboral, los sindicatos, de trabajadores, las cooperativas y organizaciones similares de trabajadores hasta por un monto máximo de dos mil acciones comunes cada uno, con el propósito de tomar el control de CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTAS ACCIONES COMUNES, para formalizar la compraventa usó la documentación falsificada que adelante se detalla, ya que a sabiendas que tanto el Asesor Financiero del banco, Abraham Vitelio Samayoa Tinti, así como los Gerentes Generales y Representantes Legales de las Entidades, Cuerpo Profesional de Seguridad, S.A y de ÚTIL VALOR, S.A, Rafael Arturo Tobar Carranza y Oscar René González Reyes, insertaron y en algunos casos convencieron a trabajadores de las entidades Útil Valor, S.A y Cuerpo Profesional de Seguridad, S.A, para insertar falsamente declaraciones de voluntad que son contrarias a la verdad en sesenta solicitudes de compra de acciones comunes (CITA LOS NOMBRES DE LOS ADQUIRIENTES)

ACUSACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO POR EL DELITO DE CASOS ESPECIALES DE ESTAFA:

…Expone al igual que en los otros dos delitos que sólo pueden comprar acciones comunes los trabajadores con dependencia laboral y un máximo de dos mil acciones por trabajador, expresa que el propósito era tomar control sobre la compra de Ciento diecinueve mil seiscientas acciones y que para formalizar la compra- venta de las mismas engañó al banco, utilizando documentación que sabía que contenía declaraciones falsas. Expresa que desde principios del mes de junio hasta el día 8 de junio de 2006 había inducido al Asesor Financiero del banco Abraham Vitelio Samayoa Tinti y a los Gerentes y Representantes Legales de las Entidades Cuerpo Profesional de Seguridad S.A, y de Útil Valor S.A, Rafael Arturo Tobar Carranza y Oscar René González Reyes, para insertar y en algunos casos convencer a trabajadores para insertar falsamente declaraciones de voluntad que son contrarias a la verdad en sesenta solicitudes.  (CITA EL NOMBRE DE LOS 60 ADQUIRIENTES). Expresa que los formularios no fueron proporcionados por el banco y que a sabiendas que el Asesor Financiero Abraham Vitelio Samayoa Tinti había insertado declaraciones que son contrarias a la verdad en sesenta formularios, e identifica los recibos de caja. EXPONE QUE EL DINERO FUE PROPORCIONADO EN UN NOVENTA POR CIENTO POR ÚTIL VALOR S.A, defraudó al Banco de Los Trabajadores, ya que con base en esos documentos que contenían datos falsos y ocultando la procedencia del dinero, celebró la compraventa de dichas acciones… y por esos motivos su conducta encuadra en tipo penal de CASO ESPECIAL DE ESTAFA.

Esa es la Acusación vertida por el Ministerio Público de Guatemala, en los próximos días, conforme se desarrolle el Debate, expondremos los argumentos y pruebas materiales que demuestran las falsedades de esta acusación, así como la inocencia del Abogado Álvaro Erik Montes Echeverría.

El Abogado Álvaro Erik Montes, presentó una Acción de Amparo en febrero de 2022, ante la Corte de Constitucionalidad por la Sentencia de “oficio de la Corte Suprema de Justicia” dentro de una Casación promovida por el Mandatario del Banco de Los Trabajadores de Guatemala, Brennen Everardo De León Medina.

El 31 de marzo de 2022, se le otorgó el Amparo Provisional después de haber presentado la documentación a la violación objetada, porque las circunstancias lo hacen aconsejable según el ponente Magistrado, Doctor José Francisco De Mata Vela, y porque se dan los supuestos contenidos en el artículo 28 de la Ley de Amparo, a través de la documentación relacionada.

El 09 de mayo de 2023, la Corte de Constitucionalidad, dicta la sentencia en definitiva y el ponente es el Magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien en su argumentación expone que la Corte Suprema de Justicia estuvo en su derecho para disponer de “oficio” sobre la anulación y reenvío cuando estime que concurren vicios que exijan subsanación acorde al Debido Proceso, según el artículo 442 del Código Procesal Penal. Sin embargo están retrotrayendo etapas del proceso para enderezar las actuaciones jurídicas y procesales que en su momento no impugnó el mandatario del Banco de los Trabajadores en la respectiva audiencia, como lo dice la sentencia del Juzgador. Entonces tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad están entrando a conocer situaciones jurídicas que no son de su competencia y lo más grave, es que habiendo tenido como prueba la Querella presentada por el Banco de los Trabajadores como acusación en contra del Abogado Álvaro Erik Montes Echeverría, resuelvan y se pronuncien sobre hechos falsos, en virtud que en ella no dice que el Licenciado Álvaro Erik Montes haya sustraído documentación confidencial y entregada a terceros; sino que él se concertó con los otros dos imputados que ya no se encuentran dentro del proceso y que eran los principales acusados.

Ambas Cortes exponen el Principio Non Bis In Ídem o de única persecución al que el Juez hizo alusión en su exposición cuando desestimó la querella, aducen que lo hizo de oficio, sin embargo no resolvió este juez sobre ese Principio como consta en la Apelación presentada por el Abogado Álvaro Erik Montes ante la Sala de Apelaciones del Ramo Penal. De haber resuelto sobre el Principio de única persecución penal la querella habría sido sobreseida y no desestimada como está actualmente.

¿En dónde queda el Principio Pro Persona, contenido en la Constitución de la República de Guatemala y Convenios sobre Derechos Humanos ratificados por Guatemala?

Llama la atención que los magistrados permitan esta violación y no hayan ordenado de “oficio” el sobreseimiento habiendo una sentencia en otro Juzgado a favor del Licenciado Montes, y que está debidamente ejecutoriada por la misma noticia que publicó el diario el Periódico, porque no ignoran ambas Cortes “que el inculpado absuelto  por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”. Artículo 4. Contenido en el Decreto Número 6-78 Convención Americana Sobre Derechos Humanos y además pretendan retrotraer el caso  a instancias precluidas violando el debido proceso porque en el momento procesal el banco no se pronunció. Pero sí violando dichas cortes los Derechos Humanos y haciendo a un lado el Principio Pro Persona que se refiere a que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir que norma aplicar a un determinado caso, deberá elegir, la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata del ordenamiento legal interno  o tratados internacionales. Y lo más aberrante que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo y en este caso se está retrotrayendo el proceso para corregir situaciones jurídicas que se dieron dentro de una audiencia.

En la página 28 del Expediente 845-2022 que contiene la Sentencia de Amparo, pueden ver los Abogados nacionales e internacionales cómo el magistrado ponente Héctor Pérez Aguilera, da una interpretación acerca que son diferentes las sentencias que ya existen por las mismas peticiones del mandatario del banco, expresa que una se trata de “planteamientos” acerca de las incidencias y la otra es la “forma” como se plantearon, siendo esa resolución una violación jurídica e insulto a la inteligencia de los Abogados.

Aberrante la violación a la propia sentencia de la Corte de Constitucionalidad dentro del Expediente 4355-2016 en donde es ponente la Magistrada Doctora Dina Josefina Ochoa Escribá, quien expone abundantemente que no hubo violación al Debido Proceso y que el Juez no cometió acto contrario a sus funciones, por lo que ordenó esa Corte que la Sala resolviera conforme lo manifestado por la Corte de Constitucionalidad.

Y en la última literal de la Sentencia de Amparo, expresa Héctor Pérez Aguilera que lo alegado en la Acción de Amparo por Álvaro Erik Montes, constituye una inconformidad de lo resuelto porque no hay violaciones relevantes a la Constitución, refiriéndose al fallo de la Corte Suprema de Justicia.

No ignora que existen evidentes violaciones a los derechos humanos no sólo del Abogado Álvaro Erik Montes, sino de cualquier ciudadano que haya sido juzgado en otro Tribunal y haya sido declarado inocente, por los mismos hechos, personas y circunstancias como lo dice la Ley y que habrá una tercera resolución de la Sala de Apelaciones del Ramo Penal requerida en diferente “planteamiento y forma” una vez favorezca a los que pagan o trafican influencias. Así  de corrupto está el sistema de justicia en Guatemala.

El día de hoy 23 de mayo de 2022, el Abogado Montes se presentó a la recepción de documentos de la Secretaría General en el octavo nivel de la sede del Ministerio Público en la ciudad de Guatemala, para entregar una carta dirigida al Asesor Fernando González, el recepcionista llamó por teléfono al Licenciado González y éste le requirió que se la leyera antes de ser sellada de recibida; al enterarse del contenido se disgustó y se negó a que le sellaran la copia, quedándose con la copia y la original, además  expresó que no había necesidad de hacerlo por escrito, que bastaba una llamada de teléfono e invitó a pasar a su oficina para explicarle al Licenciado Montes.

¿Qué temor encierran los funcionarios del Ministerio Público?

El Abogado Fernando González no está actuando a título personal sino como Asesor del Ministerio Público, él tuvo a la vista el expediente en donde no ignora las ilegalidades que hay en la acusación y que el Debate  Oral y Público en el año 2017 fue suspendido con la oposición de la Defensa del Abogado Montes, porque dijo la agente fiscal que no tiene las pruebas para sustentar la acusación, misma que a la presente fecha se ha negado la Fiscalía del Crimen Organizado de pronunciarse sobre dichas pruebas.

¿De qué sirven  estos funcionarios y asesores que sabiendo que no hay delitos, que no hay pruebas y habiendo tenido a la vista las ilegalidades cometidas por el Ministerio Público, dicen que ellos no pueden resolver?

Le invitamos a leer la carta dirigida a la Fiscal General que fue sellada con una copia de la carta dirigida al Asesor Fernando González porque el contenido de esa carta es lo que incomoda que se entere el mundo de la persecución que sufren los guatemaltecos que jamás cometieron delitos.

Por este medio suplicamos a la Prensa Nacional y Extranjera, a los Derechos Humanos, a todas las personas y organizaciones comprometidas en erradicar la corrupción, lavado de dinero y narcotráfico que se ha enraizado en las instituciones públicas y privadas haciéndonos un grave daño a todos los ciudadanos, que nos ayuden a difundir este caso y compartan estos documentos en donde se está persiguiendo por parte del Ministerio Público de Guatemala y de Tribunales de Justicia al Abogado Álvaro Erik Montes Echeverría, por haber denunciado en el Banco de los Trabajadores a Directores y Funcionarios que estaban lavando dinero y nexos con el narcotráfico, derivado de ello sin tener pruebas materiales lo siguen persiguiendo, podrán leer que todas las autoridades del Ministerio Público han admitido que es una persecución ilegal, sin embargo el crimen paga y no solucionan el caso; está programado el Debate para el 22 de abril de 2022, como no tienen pruebas materiales ni hay elementos que constituyan delitos, siguen sobornando a las autoridades. Por favor, solo unidos podremos cambiar el sistema putrefacto del organismo judicial en Guatemala, para que un país prospere las instituciones tienen que ser transparentes en su actuar, ¿Cuántas personas inocentes están siendo perseguidas por oponerse al lavado de dinero y narcotráfico, sin que nadie haga nada?  Agradecemos la atención a la presente.