La Fiscalía del Ministerio Público de Sacatepéquez, a través de dos Agentes Fiscales, Baudilio Portillo Illescas y Nilrro Mercedes Alfaro Contreras,vulneran el DERECHO DE DEFENSA Y DEBIDO PROCESO, consagrado en la Constitución de la República de Guatemala, a que tiene derecho el Abogado Álvaro Erik Montes, ayudando a los Directores del Banco de los Trabajadores de Guatemala, Sergio Aníbal Hernández Lemus, Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos, Jorge Homero Fuentes Aragon, Ronald Giovanni García Navarijo, Juan Miguel Arita España, Eduardo José Liu Yon, Edwin Rafael Méndez Tello y al ex presidente Carlos Alfredo Villeda Oliva.
Una Licenciada del Ministerio Público, que evacuó la audiencia el 10 de junio de 2013 en la Acción de Amparo recomendó que se investigaran los hechos que el Señor Ávaro Erik Montes había denunciado, por considerar que sí había ilegalidades, sin embargo puede verse que nuevamente en el Ministerio Público, fluyó el tráfico de influencias, impunidad y corrupción, que ha venido combatiendo la Doctora Claudia Paz y Paz.
Fueron nombrados estos dos fiscales que retorcieron la ley, como puede leerse en los memoriales que presentaron ante la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones, al evacuar la segunda audiencia, en la Acción de Amparo. No ignoran el DERECHO que tienen los ciudadanos a conocer con fundamento legal el por qué se les está acusando de varios delitos, en virtud que éstos dos fiscales, se pronunciaron citando los artículos que favorecen el Derecho de Defensa y Debido Proceso, contenidos en el artículo 11 Bis del Código Procesal Penal y 203 de la Constitución de la República de Guatemala, así también citaron la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, en donde expresa la obligatoriedad de fundamentar las sentencias, ya que de lo contrario serán nulas.
Aún así, contraviniendo a los principios jurídicos, éticos y morales, Baudilio Portillo Illescas y Nilrro Mercedes Alfaro Contreras, solicitan al Tribunal, que no le sea otorgado el Amparo al Señor Álvaro Erik Montes, quien ha requerido que fundamente la juez la resolución que dictó por carecer de sustento legal, por lo que hacemos de conocimiento público ese nuevo hecho, para que las instituciones no tengan a esta clase de malos servidores públicos que son pagados con los impuestos de todos los buenos ciudadanos Guatemaltecos.