Cuando las mafias pagan a Fiscales, Jueces o Magistrados para perseguir a los ciudadanos guatemaltecos que se atreven a denunciar delitos de cuello blanco de impacto, lavado de dinero, narcotráfico y corrupción en las instituciones bancarias, es porque los obligados a hacer cumplir las leyes han dejado de ser honorables, imparciales, convirtiéndose en criminales, utilizando y retorciendo las leyes que serán las armas que contendrán el plomo que robará la libertad a muchos inocentes, valiéndose de su investidura, violan el Debido Proceso, la Justicia no es pronta ni cumplida y depende de la cantidad de dinero que pague el crimen organizado, aceptan casos espurios atreviéndose a juzgar con delitos simulados, sin tener legitimación la Querellante ni el Ministerio Público y lo que es peor sin que existan pruebas materiales que sustenten los delitos imputados, eso está pasando en el caso del Abogado Álvaro Erik Montes. Por eso no fundamentan las resoluciones. Todas las autoridades del Ministerio Público le han dado la razón que delitos no hay en su contra, recibieron las pruebas de las denuncias de lavado de dinero y narcotráfico, pero no le solucionan el caso. Mientras tanto se sigue cometiendo una injusticia y una tortura psicológica y social. Cuando sea revisado este caso en una instancia Internacional, podrá quedar la evidencia la clase de fiscales, Jueces y Magistrados que hay al servicio de la impunidad en Guatemala.
