DENUNCIAMOS:
El día 08 de mayo de 2008, el Abogado Álvaro Erik Montes Echeverría, fue acusado con su Suplente y la Auditora Interna del Banco de Los Trabajadores con DELITOS SIMULADOS, en virtud de requerir se actuara en forma transparente y haber realizado DENUNCIAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y MINISTERIO PÚBLICO de las distintas investigaciones en contra de los Directores y Funcionarios que hasta el día de hoy no han sido resueltas, a pesar de constituir delitos de alto impacto.
Sabemos que solo denunciando con las pruebas pertinentes podemos ayudar al Abogado Montes, y hoy volvemos a denunciar a los magistrados de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala, con la ESPERANZA que la Señora Fiscal General de la República de Guatemala ordene una exhaustiva investigación y no se siga prestando esta institución a los intereses oscuros de los directores Sergio Aníbal Hernández Lemus, Jorge Homero Fuentes Aragón, Ronald Giovanni García Navarijo, Edwin Rafael Méndez Tello, Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos, Juan Miguel Arita España, Eduardo José Liu Yon y el ex presidente Carlos Alfredo Villeda Oliva del Banco de los Trabajadores, quienes han sobornado a los jueces y magistrados para condenar a un inocente. (Así lo expresó el Abogado Carlos Ramiro Contreras Valenzuela cuando sobornó al magistrado de esa sala para que resolviera a favor de dicho banco).
Los magistrados Sergio Amadeo Pineda Castañeda, José Antonio de Jesús Samayoa Palacios y la actual presidente de la Sala de Antigua Greta Antilvia Monzón Espinoza, el 05 de agosto de 2011, manipularon el proceso para cumplir la orden recibida de los directores del banco, ya que estos magistrados no tenían intervención legal por haberse inhibido de resolver esa situación el 20 de septiembre de 2010. Sin embargo con la impunidad que caracteriza al sistema de justicia irrumpieron para cambiar al Presidente Luis Felipe Lepe Monterroso por el Vocal II, quienes venían resolviendo desde hacía un año, como consecuencia de esa ORDEN PARALELA, sin ninguna base jurídica por falta de legitimación para acusar al Licenciado Álvaro Erik Montes en los delitos de Caso Especial de Estafa, giraron órdenes a los Jueces de Primera Instancia para que enviaran a DEBATE al Señor Montes, así lo expresan las resoluciones vertidas por los jueces Lidia Rubi Pérez Figueroa el 10 de abril de 2013 y Elder Rocael Girón Álvarez el 02 de junio de 2014, los dos en diferentes fechas expresan que están cumpliendo la “Orden de los magistrados de la Sala”.
La excepción planteada por la Defensa de Álvaro Erik Montes, fue declarada sin lugar, con el agravante de haber sido amenazado directamente por el “Doctor” en derecho señor Joaquín Medina Bermejo, negándole con ello un juicio justo en igualdad de condiciones, con magistrados honestos, no comprometidos con grupos paralelos y haciendo uso de los recursos que la Ley le confiere artículo 12 de la Constitución de la República de Guatemala. (Véase las resoluciones adjuntas)
Estas Resoluciones confirman el atraso, la poca preparación de algunos jueces y magistrados y expone el involucramiento con el pago a personas inescrupulosas, en virtud que para que haya DELITO ESPECIAL DE ESTAFA, se requiere cumplir con lo que estipula el artículo 264 del Código Penal y artículo 24 Ter del Código Procesal Penal.
Lamentable que personas doctas en derecho, se presten a resolver favoreciendo la impunidad y corrupción en el sistema viciado del Organismo Judicial, pues según al amenazar al Licenciado Montes, este “Doctor en Derecho” dice la resolución que leyó el expediente, así que antes de asentar su firma en ese documento también se enteró que los magistrados denunciados manipularon este proceso para perseguir sin delitos a Álvaro Erik Montes y así enviarlo a un debate para que sea condenado y no vuelva a recusar a los magistrados afines a los intereses espurios de los funcionarios y directores acusados por delitos de alto impacto.
Por lo tanto, seguiremos denunciando y haciendo del conocimiento nacional e internacional el caso del Abogado Montes, hasta que el Ministerio Público cumpla con defender la aplicación de las Leyes vigentes, para poder cimentar un estado real de derecho y no se siga persiguiendo al Licenciado Montes con simulación de delitos por parte de fiscales, jueces y magistrados que hemos denunciado con las respectivas pruebas.
“PARA QUE FUNCIONE LA DEMOCRACIA DEBE DE FUNCIONAR LA JUSTICIA”.
El Abogado Joaquin Medina Bermejo, además de la amenaza vertida, confirma lo que resolvieron impunemente las magistradas acusadas en la Carrera Judicial, avalando la falta de legitimación de los directores del Banco de Los Trabajadores, porque si no hubo engaño ni pérdida económica en el patrimonio del banco, no hay ningún delito de estafa.