SEÑOR PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS:
ÁLVARO ERIK MONTES ECHEVERRÍA, de generales conocidas en el expediente de denuncia que presenté a esa institución el 15 de octubre de 2008. En forma atenta y respetuosa comparezco a AMPLIAR mi denuncia sobre el perseguimiento político e ilegal que el gobierno de la República de Guatemala tiene hacia mi persona, a través del Ministerio Público, El Organismo Judicial y el Banco de los Trabajadores, institución Bancaria en la cual el Estado de Guatemala es accionista.
EXPONGO
a) La persecución e intimidación no ha cesado. En la salida de la colonia donde tengo mi residencia frecuentemente se apuestan hombres fuertemente armados, los cuales son completamente ajenos a todos los vecinos de mi colonia residencial. Así también, cuando salgo con mi vehiculo, siempre hay carros sospechosos en la salida. La colonia donde tengo mi habitación está en el municipio de San Lucas Sacatepéquez, y allí el Ministerio de Gobernación asignó para cuidar todo el municipio a dos radio patrullas con turno de tres agentes por cada uno, en las reuniones mensuales que tiene la sociedad civil con el alcalde, se me informó que era imposible darme asistencia, por lo que hemos tenido que recurrir a contratar policía privada y son ellos los que me informan de lo que expuse anteriormente. Del mismo modo intimidatorio, son varias las veces en que me han perseguido vehículos agrícolas con vidrios polarizados cuando circulo hacia la Antigua Guatemala, los cuales he tenido que evadir cambiando mi trayectoria, y en algunos casos ingresando a instalaciones de hoteles allí en la Antigua Guatemala, como es el Hotel Solei. Protesto, pido y exijo al Gobierno de Guatemala que cesen estas presiones psicológicas, amedrentamiento y amenazas que anteriormente he denunciado.
b) El Ministerio Público y el Mandatario del Banco de los Trabajadores han presentado una serie de artilugios jurídicos en el proceso, al haber presentado desistimiento el mandatario y aceptado por el fiscal del Ministerio Público, a favor de los otros dos imputados, como consta en la audiencia celebrada el seis de marzo de dos mil nueve. El Juez contralor, Edwin Roberto Peñate, declaró sobreseer la acusación en mi contra. Apelaron la resolución el mandatario del banco y el fiscal del Ministerio Público, el once y trece del mismo mes y año ante la Sala de la Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala.
c) El 16 de abril de 2010 dio inicio otra inmoral confabulación orquestada en mi contra, con el aval del gobierno de Guatemala, a cargo del ingeniero Álvaro Colom, de su esposa Sandra Torres, de los Fiscales del Ministerio Público, de los directivos del Banco de los Trabajadores, Ronald Giovanni García Navarijo, Eduardo José Liú Yon, Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos, Sergio Aníbal Hernández Lemus, el ex presidente Carlos Alfredo Villeda Oliva, personas a quienes denuncié ante las autoridades y la Superintendencia de Bancos, por actuaciones de corrupción, así como de estos tres directores que pretenden reelegirse para seguir dirigiendo dicha institución bancaria. Como resultado de no haber tenido apoyo en su reelección del año dos mil seis, dio como resultado la creación de un delito simulado en mi contra, con el respaldo de Jorge Homero Fuentes Aragón, Edwin Rafael Méndez Tello y Juan Miguel Arita España, de los Mandatarios, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, Jorge Rolando Rosales Mirón y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y del Magistrado Manuel Alfredo Marroquín Pineda quien recibió dinero para resolver a favor de retrotraer las actuaciones ya precluidas dentro de las etapas del proceso, CON LA ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA. Así también, tal respaldo se amplía con los actuales Magistrados que han consentido retrotraer el proceso en perjuicio de mi persona, violando las garantías constituidas dentro de la Constitución de la República de Guatemala, del Decreto Número 6-78 artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Código Procesal Penal Decreto 51-92, de la ley del Organismo Judicial y demás leyes. RESPONSABILIZO A TODAS ESTAS PERSONAS DE LO QUE A MÍ ME PUEDA PASAR, A MIS DOS HIJOS Y/O A MI ESPOSA.
d) Los Magistrados fueron convocados para conocer de la Apelación de fecha once y trece de marzo del presente año. Un mes después, el diez y seis de abril, solicitan que se le dé audiencia al Procurador General de la Nación, invocando una Actividad Procesal Defectuosa, puede corroborarse lo que expongo en mi denuncia, que al margen del memorial presentado en la Sala, le escriben la fecha que deberán poner en la resolución los magistrados: 19/05/2010, y le encomiendan a la secretaria del tribunal que se apresure antes que tomen posesión los nuevos magistrados, por lo que Lesbia Nineth Oliva Morataya hace constar que no existe ningún recurso por resolver y extiende la notificación, con ánimos de que les diera tiempo a los magistrados para cumplir con la orden recibida. Debido a que sí había recursos qué resolver interpuestos por mi abogado defensor, presenté denuncia en contra de esa acción ilegal.
e) La ilegalidad de dar audiencia al Procurador General de la Nación, para RETROTRAER EL PROCESO, dejará además un precedente en los procesos dentro de la Banca Privada y en donde el Estado de Guatemala además es sólo un accionista normal, como cualquier otro accionista. Consta en el Decreto Ley Número 383, por el Jefe del Gobierno de la República de Guatemala Enrique Peralta Azurdia, Ley Orgánica del Banco de los Trabajadores, artículo uno: “Se crea una Institución Bancaria de naturaleza especial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina BANCO DE LOS TRABAJADORES”….. el artículo 5º. Literal a, determina el monto aportado por el estado, siendo la cantidad de Q500,000.00, (Quinientos mil quetzales). Por lo tanto, con este precedente, los Bancos en donde el Estado de Guatemala es accionista habrá que darle audiencia al Procurador General de la Nación, como es el caso de BANRURAL y CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, ya que el BANCO DE LOS TRABAJADORES es eminentemente privado.
f) Mi denuncia en donde los magistrados anteriores resolvieron la actividad procesal defectuosa, la presenté a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, además de haberla presentado dentro de la petición en la Acción de Amparo. Para dejar sin materia mi denuncia y no afectar a las personas corruptas por mí denunciadas, le están dando un nuevo giro a las actuaciones, afectando mi derecho legítimo de defensa e igualdad ante la ley, evitando que se investigue sobre la corrupción en el organismo judicial, por lo que solicito que un funcionario de su institución me acompañe para verificar lo que aquí y en las anteriores denuncias he manifestado.
g) El Banco de los Trabajadores se creó con aportes de los trabajadores, descontando mensualmente de su salario el valor de sus acciones aportadas, aún con el sacrificio que esto representaba, los trabajadores aportaron sus recursos. La mayoría de accionistas nunca vieron el fruto de sus aportes, sin embargo, este banco siempre estuvo copado por el poder político y esto servía para pagar favores políticos a los gobiernos de turno. De esa cuenta el Banco de los Trabajadores nunca había salido de la corrupción y letargo en que se encontraba. Sin embargo, a la llegada de su servidor, así como otros profesionales, lo primero que se hizo fue despolitizarlo y hacerlo competitivo en el sistema financiero nacional, de lo que aquí expreso la historia es la mejor testiga para verificarlo.
h) En el proceso de la administración y crecimiento financiero, siempre se fue cuidadoso y exigente para erradicar la corrupción a que la institución estuvo sometida, no obstante, al finalizar el gobierno del Lic. Berger, se dieron en la institución varios actos de corrupción, los cuales denuncié en su oportunidad. Nunca recibí apoyo de la institución supervisora, situación que me preocupó puesto que varios directores y el ex presidente del banco fueron tocados por el poder político; esto afectó aún más a la institución por lo que los problemas se fueron acrecentando.
i) Por mi actitud de denuncia he sido perseguido política y jurídicamente, evidenciándose la corrupción tanto en el Ministerio Público como en los tribunales de justicia. Queda clara también la falta de ética de algunos profesionales que con el ánimo de ganar dinero o asegurarse una plaza, como la recibida por una jueza del tribunal duodécimo y de los magistrados a quienes denuncié aportando pruebas en mi denuncia, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela y Manuel Marroquín Pineda, presentaron hechos falsos, dando trámite a esa causa concertada entre ellos.
j) Solicitaron en el juzgado del ramo penal de Antigua Guatemala la primera Orden de captura, el día ocho de mayo del año dos mil ocho, la que se hizo efectiva al salir a las nueve de la noche tras una sesión de junta directiva en el Banco de los Trabajadores. Fui al día siguiente liberado, con una acusación encima por Falsificación de Documentos Privados, Uso de Documentos Falsificados, Caso Especial de Estafa, Lavado de Dinero y otros Activos, Actividades contra la seguridad interior de la Nación.
k) Solicitaron al tribunal duodécimo una segunda orden de captura, por los mismos hechos, el 28 de mayo de dos mil ocho. Otra tercera solicitud de orden de captura por los mismos delitos invocados fue presentada por los mandatarios Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y Jorge Rosales Mirón, el once de marzo de de dos mil diez.
l) Y otra cuarta orden de captura fue solicitada por los mismos mandatarios, invocando infructuosamente los mismos argumentos, el siete de junio de dos mil diez. Con las dos últimas solicitudes de fechas 11 de marzo y 07 de junio de 2010, por los mandatarios Jorge Rolando Rosales Mirón y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, aún sin que tuvieran la resolución de los Magistrados de la Corte de Apelaciones, requerían a los Jueces de primera instancia resolver la Actividad Procesal Defectuosa.
FUNDAMENTO LEGAL
La convención Americana de Derechos Humanos regula en su artículo 25 la protección judicial que el estado de Guatemala está obligado a proporcionarles a sus ciudadanos. El artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala regula en su último párrafo que ninguna persona puede ser juzgada por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. El artículo 15 de esta misma constitución regula la irretroactividad de la ley, únicamente en materia penal cuando favorezca al reo. El artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial regula en cuanto a la interpretación de la ley. Los magistrados en sus resoluciones no están aplicándome la ley objetivamente, con tal de favorecer al gobierno, así también, el artículo 12 del mismo cuerpo legal regula “la integridad de las disposiciones especiales”. Lo que pretenden los magistrados de la Sala Regional de la Antigua Guatemala es darle participación a la Procuraduría General de La Nación, aún a sabiendas que de acuerdo a esta disposición no es aplicable en mi caso toda vez que el Banco de Los Trabajadores es una institución privada y que el estado al igual que los trabajadores es únicamente un accionistas más. Los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público se están violentando al no realizar el fiscal una investigación seria e imparcial y no aplicar la autonomía a la que está obligado puesto que en el presente caso se están recibiendo instrucciones directas del gobierno de la República de Guatemala. Con fundamento legal, queda evidenciado que mis derechos están siendo vulnerados.
Por las circunstancias socio-politicas en que se encuentra Guatemala y la situación delicada que pone en riesgo mi vida y la de mi familia, solicito a la Procuraduría de Los Derechos Humanos:
a) Que se tenga por ampliada mi denuncia
b) Que se investigue a las personas que he señalado en la presente ampliación de denuncia
c) Que un miembro de esa institución me acompañe para constatar y presentar pruebas de lo que he denunciado
d) Que al verificar los elementos de prueba se pronuncie esta institución en mi favor y me ofrezca protección tanto a mí como a mi familia
e) Que solicite a los órganos competentes que en mi caso se aplique la justicia de acuerdo al ordenamiento jurídico guatemalteco, sin injerencias políticas ni tolerancia alguna al más mínimo hecho de corrupción.
Atentamente,
Lic. Álvaro Erik Montes Echeverría
Correo electrónico: aemontes@gmail.com
Guatemala, 1 de julio de 2010.
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COMUNICADO DE PRENSA:
PRENSA INTERNACIONAL Y ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
He denunciado la persecución política y jurídica en mi contra, amparada por el estado de Guatemala, a través del Presidente Álvaro Colom y su esposa Sandra Torres, por las personas de la junta directiva del Banco de los Trabajadores (desde el año dos mil siete a la fecha) así como por los funcionarios comprendidos en ese período de la Superintendencia de Bancos, por los fiscales del Ministerio Público que han llevado esta causa, por los mandatarios que representan a estas instituciones en mi acusación, por los jueces y magistrados que se han prestado a esta persecución penal sobre figuras delictivas inexistentes en función al hecho imputado, violando de esa forma el principio de no hay proceso sin ley (Nullum proceso sine lege) consagrado en el artículo dos del código procesal penal, el cual establece: “no podrá tramitarse, iniciarse ni tramitarse denuncia o querella sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior, sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce a responsabilidad del tribunal”.
Una vez más denuncio nuevos hechos intimidatorios que ponen en alto riesgo la vida de mis hijos, esposa y particularmente mía, con la finalidad de que desista de hacer del conocimiento público estos atropellos .
Toda esta semana he recibido diferente clases de amenazas en donde me hacen ver que se están creando las condiciones para darle vida a dos delitos de los cuales renunció el Ministerio Público, el mismo día que presenté mi primera declaración, siendo ellos “Lavado de dinero y Actividades contra la seguridad de la Nación”. Es obvio que el gobierno tiene participación directa en este último delito, como en los otros que tampoco tienen sustento legal. Esto es únicamente para presionarme y mantenerme amordazado y no hacer las denuncias respectivas.
Ahora me han pedido por teléfono que a través de mi empresa de seguridad les proporcione seguridad a unos pastores evangélicos. Otras veces se han acercado o me han llamado por teléfono para que les brinde asesoría y/o participe en la nueva asamblea de accionistas, para elegir Directores a Junta Directiva del Banco. Puedo decir con propiedad que si cuento con una gran empresa de seguridad conformada por amigos, familiares, personeros de instituciones de Derechos Humanos y de la Prensa Internacional, así como de los ángeles y arcángeles, es porque estos no tienen metralletas pero con sus acciones y oraciones nos han dado seguridad.
En cuanto al delito que quieren darle vida (de la actividad contra la seguridad de la nación) efectivamente me he pronunciado por la similitud que hay con el caso del señor Kalil Musa, Marjourie y del Lic. Rodrigo Rosenberg. Al señor Musa, por su calidad y atributos de honradez, también lo nombraron como director de un banco y luego lo ultimaron detrás de un descabellado plan del que todos ya conocemos. De igual manera, personas amigas y familiares del Lic. Rosenberg le brindaron apoyo por lo expuesto en sus videos, siendo el caso que representaba y asesoraba al señor Kalil Musa.
De esa manera y con el respeto que estamos obligados a rendirle a los difuntos y a sus familias, le ruego a Nuestro Señor los tenga en su gloria y que pronto se pueda aclarar ese caso. Similarmente yo ahora sufro junto con mis hijos y mi esposa lo que ha representado mis denuncias, agitando las aguas de la corrupción en esta infame persecución penal.
Denuncio cómo bajo la administración del ex presidente del Banco de los Trabajadores, Carlos Villeda Oliva, se ordenó que se llevara a cabo la primera investigación, después de una publicación de prensa los días seis y siete de febrero del año dos mil siete. Este señor dio su consentimiento para que se efectuara dicha investigación, cancelándose la cantidad de ciento cincuenta mil dólares americanos, solicitando al secretario de la junta que transcribiera de la biblia el salmo treinta y siete versículos doce al quince, como testimonio de su declaración; “Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y tensan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado”.
Sus actos no concuerdan con lo expresado. La hostilidad de él hacia mi persona puede verse en las actas comprendidas dentro de los años dos mil dos a enero del dos mil ocho. Esto se explica porque yo puse de manifiesto e hice denuncias directas del doble bono catorce y el doble aguinaldo que él recibió cuando ejerció la presidencia del Banco de los Trabajadores, a requerimiento de él y con el consentimiento de los integrantes de la junta directiva. Sobre esto aún no se ha pronunciado la Superintendencia de Bancos.
Estos documentos en manos de la Superintendencia de Bancos evidencian anomalías y violaciones al acuerdo que contiene las disposiciones de la compra de acciones comunes. Vemos con sumo descaro a estos directores ahora acusándome y peor aún, cínicamente dirigiendo esta institución bancaria. Tales documentos cuestionan a las personas que proporcionaron el dinero para la adquisición de acciones en la compra del día nueve de junio del año dos mil seis.
Por tal motivo, invito a todas las organizaciones de Derechos Humanos y a la Prensa en general a que indaguen y constaten por sí mismos el apoyo que le dieron los accionistas tanto a la compra del día ocho y nueve de junio del año dos mil seis como a las acciones anuladas que estuvieron vigentes por más de diez años y que fueron denunciadas por los accionistas. Responsables de estas anomalías son Jorge Homero Fuentes Aragón, Juan Miguel Arita España, Edwin Rafael Méndez Tello y las acciones adquiridas el nueve de junio del año dos mil seis, fueron apoyadas por Sergio Aníbal Hernández Lemus, Eduardo José Liu Yon, y Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos.
Consta en los archivos del Banco de los Trabajadores y de la Superintendencia de bancos que durante el tiempo que fui director de junta directiva del banco, siempre me eligieron las organizaciones de los trabajadores. Por tal motivo, rechazo enérgicamente que ahora me acusen absurdamente de haberme querido apoderar del banco, a través de acciones compradas en Antigua Guatemala y que fueran usadas en la planilla de los actuales directores del banco. Tal acusación es mantenida dentro del proceso judicial por el Agente Fiscal Herlin Abraham Colocho y el ex mandatario del Banco Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, la cual es un verdadero disparate por carecer de sustancia jurídica.
Para poder llevar a término las acusaciones en mi contra, se realizaron tres investigaciones, con honorarios exorbitantes y en perjuicio del Banco de los Trabajadores. De igual manera adjunto la solicitud tercera de la mandataria Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, solicitando recientemente orden de captura hacia mi persona, por los mismos hechos que se están librando en dos tribunales diferentes.
Agradezco a todas las personas e instituciones de Derechos Humanos y especialmente a la Prensa que me ha brindado apoyo, porque haciendo pública mi denuncia he salvaguardado la vida de mis hijos, esposa y particularmente mía.
Atentamente
Álvaro Erik Montes
aemontes@gmail.com
Guatemala, 10 de junio de 2010.?
