Siempre se denunció que el abogado Álvaro Erik Montes estaba siendo perseguido con delitos simulados y sin pruebas, por haber denunciado operaciones ilícitas POR PARTE DE DIRECTORES Y FUNCIONARIOS DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES, que al Ministerio Público le pagaron Q.100.000.00 para que pudiera prosperar y darle trámite a esa denuncia en contra del Abogado Montes, lo reafirmó el mandatario del banco, Abogado Francisco Jax Ajcapaja el 30 de enero del año 2008, en la sesión de junta directiva, cuando renunció a seguir él con ésta farsa, adujo que delitos no habían, porque estaban dos investigaciones de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en donde los Auditores determinaron que era una venta legal de acciones la realizada el 8 de junio de 2006 en Agencia Antigua, que cumplía con los requisitos de acuerdo a los Reglamentos del Banco, que éstos Auditores habían investigado la procedencia del dinero y que era lícito, indicó que los Dictámenes elaborados como resultado de las investigaciones por funcionarios del Banco de Los Trabajadores, siendo estos del Auditor Interno, de Gerencia Jurídica, del departamento de Acciones y de los Asesores legales externos, expresaban la legalidad de la compra de las acciones en la Agencia Antigua del Banco, realizada por el Promotor de Negocios, que él no se prestaría a seguir pagando sobornos a los agentes fiscales del Ministerio Público y jueces del Organismo Judicial, expresó que ese día 30 de enero de 2008, había presentado una ampliación en el Ministerio Público y que ahí le habían pedido más dinero. Le dijo al Abogado Montes que se cuidara porque su cabeza tenía precio por las denuncias que había hecho en contra de directores y funcionarios del banco.
En el mes de mayo del 2008, fueron detenidos el Abogado Álvaro Erik Montes y su suplente al salir de una reunión de junta directiva, y más adelante la Auditora interna del banco, acusándolos a los tres de caso Especial de Estafa, Uso de Documentos Privados, Uso de Documentos Falsificados, Actividades Contra la Seguridad de La Nación, este último delito fue desestimado por el juez, que son delitos por lo que ahora está enfrentando el Abogado Montes un debate ilegal e ilegítimo.
ILEGAL, por las razones que explicaremos:
Sin haber concluido en el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Sacatepéquez la fase intermedia porque hay recursos pendientes que no se han resuelto, los jueces lo envían a un debate oral y público.
ILEGÍTIMO: porque el Banco de los Trabajadores y el Ministerio Público, no tienen legitimidad para acusar tomando en consideración que el banco nunca sufrió pérdida en su patrimonio, requisito indispensable en el Artículo 24 Ter del Código Procesal Penal
cómo ya indicamos los delitos por lavado de dinero y actividades Contra la seguridad Interior de La nación fueron retirados por El juez, porque según el Ministerio Público en su investigación los tres imputados no habían cometido éstos delitos.
En primera instancia, los Fiscales del Ministerio Público después de haber solicitado apertura a juicio por los tres acusados requieren desestimar el caso en contra de dos imputados que fueron acusados en igualdad de condiciones sin presentar ningún documento ni fundamentación legal y le dicen al Juez Roberto Peñate que la acusación seguirá igual solo para el Abogado Álvaro Erik Montes.
Este honorable Juez sobresee el proceso y es categórico que al haber ido el Abogado Montes a hacer sus operaciones normales a la Agencia de Antigua no constituye delito; como maliciosamente lo quiso hacer ver el Ministerio Público por el pago que recibió de los que eran Directores del Banco de los Trabajadores y que hemos denunciado en ésta página.
Al Abogado Álvaro Erik Montes lo citaron a la Casa Presidencial en el gobierno del Presidente de La República de Guatemala Álvaro Colom Caballeros, para que les entregara toda la documentación de pruebas y las denuncias que tiene en contra de los Directores por sus serias acusaciones en delitos de impacto. Le ofrecieron 5 millones de quetzales, de no aceptar lo amenazaron que ellos tenían control absoluto en el Ministerio Público y Organismo Judicial que se atuviera a las consecuencias. Como no aceptó el dinero ni irse del país, le ordenaron al Ministerio Público y mandatarios que apelaran el sobreseimiento del Juez de primera instancia.
El mandatario Carlos Ramiro Contreras Valenzuela expresa en la Antigua, que los Directores están pagando grandes cantidades de dinero en los dos procesos que le siguieron al Abogado Álvaro Erik Montes; que él sería condenado (hay pruebas de esto en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG-)
En la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de la Antigua Guatemala se tuvo que acusar a la Secretaria Lesbia Nineth Oliva Morataya de Orozco, porque regresó el expediente al Juzgado aduciendo que no había recursos por resolver.
Como era falso y perjudicaba los derechos del Abogado Álvaro Erik Montes, fue denunciada. Mas el tráfico de influencias fue usado y solo la sancionaron verbalmente. Lo que ocasionó que se convirtiera en enemiga del Abogado Álvaro Erik Montes y ayudara con más fuerza a los Directores del Banco de Los Trabajadores.
Los Magistrados de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de la Antigua Guatemala, Sergio Amadeo Pineda Castañeda Magistrado Presidente, Greta Antilvia Monzón Espinoza Vocal I y José Luis de Jesús Samayoa Palacios Vocal II, después de haberse inhibido en el año 2010 de conocer dentro de este proceso y haber nombrado a otros tres Magistrados, irrumpen en el año 2011 y le quitan la Presidencia al Magistrado, que estaba resolviendo, y ponen de presidente al Vocal II, sin que el verdadero presidente haya renunciado. Manipulando así el proceso a favor de los Directores del Banco de Los Trabajadores. Lo lamentable es que éste hecho la Vocal I Greta Antilvia Monzón Espinoza ya lo había externado, (las denuncias presentadas para que se investigaran los hechos nunca prosperó) Sin embargo éstos actos punibles de los magistrados, se encuentran dentro del expediente que forma el proceso en contra del Abogado Montes.
El Magistrado Vocal II, convertido en Presidente por la manipulación de los magistrados titulares, Gustavo Adolfo Dubón Gálvez, violando el proceso acepta ese actuar delictivo; resuelve enviando al Abogado Álvaro Erik Montes a Debate, y sin tener la facultad hace una revisión según su resolución del por qué debe enfrentar un Debate, cuando el debió resolver sobre los puntos versados en Apelación. Pero ya estaba pagado por los Directores para que este magistrado resolviera como lo hizo y al que le quitaron la Presidencia no ha de haber querido recibir el soborno. Se evidenció cuando un mes después haciendo uso legítimo de la Presidencia vuelve a resolver dentro del caso Montes.
La ley penal indica que las resoluciones de los jueces y magistrados deben de estar debidamente fundamentadas.
La Juez que resolvió el 13 de abril de 2014, no fundamenta en ley ni expresa los motivos de hecho y derecho del por qué lo envía a Debate. Cuando esta es una disposición legal, argumenta que es una ´´orden´´ proveniente de los Magistrados de la Sala. El Mandatario en esa audiencia le dice a la Juez: “que lo que hay en ese proceso son puros adornos y que la compra de acciones en sí, no es el problema, sino lo que sucederá a futuro”.
Paradójicamente, el Juez de Primera Instancia Elder Rocael Girón Álvarez también en su nefasta resolución adujo que era una ¨orden¨ de los Magistrados de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de la Antigua Guatemala, que si acogía la excepción interpuesta, no habría materia para enviar al Abogado Álvaro Erik Montes a un Debate Oral y Público.
Violándose el debido proceso, el 12 de octubre de 2016 una juez recusada por abuso de poder; porque amenazó al Abogado Álvaro Erik Montes que ya no siguiera interponiendo recursos que eran legítimos para su defensa, se le denunció y se le recusó en el año 2013, dándole trámite el juzgado de instancia; esta Juez aun con esas limitaciones dirigió la Audiencia para la proposición de pruebas que se presentarían en el Debate Oral y Público.
Con toda impunidad sabiendo que había recursos pendientes de resolver, la Agente Fiscal del Ministerio Público Diana Julieta Santizo Macal, avaló todas las violaciones al Debido Proceso así como violaciones al Derecho de Defensa cuando ella estaba obligada a defender los derechos del Abogado Álvaro Erik Montes aunque fuera imputado según el artículo 251 de la Constitución de la República de Guatemala, así como los contenidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en los artículos 1 que establece que debe velar por el estricto cumplimiento de las Leyes del país y el artículo 2, numeral 4 que establece el respeto a los derechos humanos y el artículo 108 del Código Procesal Penal que establece la objetividad en el ejercicio de su función, según este artículo esta fiscal tenía la obligación de velar por la correcta aplicación de la ley penal…… , aún en favor del imputado.
El 17 de mayo de 2017 es notificado el Abogado Álvaro Erik Montes, que se realizará el Debate Oral y Público por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, como hay una Casación pendiente de resolver y la Fase Intermedia no ha terminado presentó un memorial de Actividad Procesal Defectuosa haciendo ver que sus derechos se estaban violando.
Este Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, la Juez reconoce los derechos que se violarían de no estar firmes las resoluciones por eso envía de regreso el expediente al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Antigua Guatemala.
Pero como la corrupción, tráfico de influencias e impunidad en el Organismo Judicial y Ministerio Público es muy fuerte, el Juzgado aun habiendo dado trámite a la impugnación de la Audiencia celebrada el 12 de octubre de 2016 por la Juez recusada que requirió la presentación de pruebas y aun habiendo admitido para su trámite otra apelación del 11 de octubre de 2016 y otros recursos; rechazó seguir conociendo lo que se le requería en la resolución de la Actividad Procesal Defectuosa por parte del tribunal y envió nuevamente el expediente al Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez, para que se realizara el ilegal Debate, violando de esa forma los derechos de defensa establecidos en la Constitución Política de Guatemala y Convenios Internacionales. Quedando así registrado el delito flagrante de negación de justicia por parte del Ministerio Público y Tribunales de Justicia de Guatemala al Abogado Álvaro Erik Montes.
El 25 de mayo de 2017 la Juez de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez rechazó las impugnaciones y el Ministerio Público a través de la Agente Fiscal Diana Julieta Santizo Macal dice que no hay resoluciones pendientes ni nada anormal en el proceso. Como el Mandatario que representa al Banco de Los Trabajadores no llegó a la Audiencia aun así la Juez realizó la Audiencia y convocó a las partes para el 12 de Junio de 2017 para realizar el Juicio Oral y Público y pidió que las partes procesales se presenten con sus respectivos medios de prueba y los testigos propuestos.
El 12 de junio de 2017, da inicio el Juicio Oral y Público
Después de leer la acusación en contra del Abogado Álvaro Erik Montes le da la palabra para que el declare. El Abogado Álvaro Erik Montes presenta las pruebas de descargo y expresa por qué está siendo perseguido; son delitos fuertes de impacto que afectan a los guatemaltecos y que fueron cometidos por los Directores y funcionarios que lo acusaron con delitos simulados y sin tener pruebas, solo el pago de sobornos que recibieron en el Ministerio Público y en el Organismo Judicial, en ese momento lo demuestra con las respectivas pruebas. Expresa además que hubo otra venta de acciones el día 9 de junio de 2006 y que en esa venta si participaron los Directores y sus familiares, esa venta es la que si fue cuestionada por la Superintendencia de Bancos, el Licenciado Montes, es interrumpido por la Juez cuando nombra quién puso el dinero, sin embargo no pueden callarlo, esa prueba le fue aceptada como descargo y aunque no quede plasmado en el audio de audiencias las pruebas hablan por sí mismas. El demostró que nunca participó en ninguna sesión de junta directiva en donde hayan anulado y posteriormente por mandato de la Superintendencia avalado y registrado las acciones, quedó demostrado que los 60 recibos operados en la Agencia Antigua, todos dicen que esa venta está sujeta a investigación, que si no llena los requisitos, será anulada, también quedó demostrado que no era ni un solo centavo de él y que ninguno de su familia posee acciones de esa venta realizada por el Promotor de Negocios autorizado por el Banco.
Con todos los documentos de pruebas de descargo queda al descubierto que hay intereses muy fuertes dentro del mismo Ministerio Público y que la Fiscal General, debe de investigar a profundidad a los Fiscales comprometidos con el crimen organizado, para que los guatemaltecos que denuncian hechos delictivos no sean criminalizados como es lo que está pasando en el Caso Montes.
Cómo se están violando sus derechos, le requiere audiencia a la Fiscal General, y ella lo envía con la Secretaria General Mayra Veliz. Por no poder atenderlo Mayra Veliz le requiere a otra Licenciada para que lo atienda el 9 de Junio de 2017. A esta Licenciada se le presentan las pruebas de soborno que pagaron en el Ministerio Público en el año 2008 para que le dieran trámite y prosperara la denuncia en su contra. Le lleva muchos documentos para que vea que son delitos simulados y el daño que se le está haciendo por haber denunciado delitos de impacto. Se le informa que hay muchos recursos pendientes entre ellos una Casación y que él presentó una acción de amparo por denegación de justicia y las anomalías cometidas en el Ministerio Público.
Ella resuelve que es muy tarde para parar el Debate y le da la razón.
Pero ninguna solución a pesar de la documentación fuerte que el abogado Álvaro Erik Montes le llevó.
Es preciso que la Fiscal General del Ministerio Público, Thelma Esperanza Aldana Hernández investigue quién o quiénes están ayudando en el mismo Ministerio Público, al crimen organizado y delitos de impacto cometidos dentro del Banco de los Trabajadores.
EL MINISTERIO PÚBLICO REPRESENTADO POR DIANA JULIETA SANTIZO MACAL Y EL MANDATARIO DEL BANCO JORGE ROLANDO ROSALES MIRÓN,
El día 12 de junio del presente, al requerirles las pruebas la juez que preside la audiencia en el tribunal de sentencia, luego de haber declarado el Abogado Álvaro Erik Montes, le responden a la juez, que no las tienen, porque hay una Casación pendiente de resolver en la Corte Suprema de Justicia y que ellos no les quieren dar sus pruebas.
La juez responde que ella pidió las pruebas para ese día y que les da para que las presenten junto a sus 20 testigos como mínimo el 14 de Junio de 2017 que continua el Debate.
El 14 de junio de 2017, Diana Julieta Santizo Macal, fiscal del Ministerio Público,
Al presentarse las partes procesales para la continuación del Debate Oral y Público para lo cual fueron convocados, esta fiscal le pide a la juez, la suspensión del debate y aduce que hasta el día 13 de junio, se enteró que hay una Casación y que se suspenda el Debate. No llevan las pruebas ni los 20 testigos que les pidió la Juez.
La mentira está grabada en el audio del día 12 de junio, cuando ésta fiscal y los mandatarios aducen que hay una Casación y que por eso no tienen sus pruebas.
La fiscal Diana Julieta Santizo Macal tiene la resolución de la Actividad Procesal Defectuosa que presentó el Abogado Montes al Tribunal de Sentencia el 17 de mayo del presente, haciendo constar que la fase intermedia no había precluido y había el Recurso de Casación en la Corte Suprema de Justicia.
Por eso hacemos pública ésta denuncia, porque esta fiscal Santizo Macal, violando el debido proceso y derechos de Álvaro Erik Montes, confabuló con los mandatarios y avaló un ilegal debate poniendo en entredicho los postulados de verdad y justicia que deben de prevalecer y que la Fiscal General ha requerido que se denuncien éstos hechos.
Señora Fiscal General del Ministerio Público, en una acusación y persecución que duró 9 años, no puede justificar la fiscal Diana Julieta Santizo Macal que no tiene las pruebas de acusación que le ha requerido la juez del tribunal de sentencia, ya con esta son tres veces en el Debate, en contra del Abogado Álvaro Erik Montes.
Tampoco tienen ni han presentado los 20 testigos requeridos por la juez, ya que ellos indicaron en la acusación que son más de 60 así como sus respectivas pruebas, el mandatario del Banco de Los Trabajadores de Guatemala. Porque simplemente no hay ningún delito de Estafa ni Uso de Documentos Falsificados ni Falsificación de Documentos. Pruebas que demuestren fehacientemente éstos delitos nunca los tuvieron, así lo manifestó el Juez en Primera Instancia cuando sobreselló este caso, en virtud que este juez determinó que la operación fue hecha por dos Empresarios para beneficiar a sus trabajadores. De tal manera que aun llevando los 60 testigos es vergonzoso que el Ministerio Público manipule las pruebas, porque lo expresa en sus mismas investigaciones que fue una operación del Promotor de Negocios. Por eso fueron sobornados en la Sala Regional Mixta de La Corte de Apelaciones para que manipularan este caso. Y hay dos jueces que expresaron en sus resoluciones la ¨ORDEN¨ recibida de los magistrados
La juez suspendió el Debate, y fijo fecha para el 26 de junio de 2016; es lamentable que esta clase de Fiscales estén dentro del Ministerio Público, que se presten a ayudar al crimen organizado y acusen sin haber delitos ni tener las pruebas que fundamentan actos delictivos.
Han sido nueve años de acosar y perseguir impunemente al Abogado Álvaro Erik Montes, pruebas nunca las tuvieron, porque él nunca cometió ningún delito. Por eso las amenazas constantes de que se fuera del país y perseguirlo con sicarios, habiendo presentado las pruebas de persecución por asesinos a sueldo al Ministerio Público y los sicarios se enteraron que había esa investigación, ¿Quien se los dijo? ¿Porque el Ministerio Público nunca procedió?
Las pruebas de descargo son fuertes, el Abogado Álvaro Erik Montes le demostró a la Juez de Sentencia, que no hay ningún delito como lo dijo el Juez que sobreselló en Primera Instancia y que hemos explicado.
El Ministerio Público no tiene ninguna prueba que demuestre que el Banco de Los Trabajadores sufrió perdida o detrimento en su patrimonio con dicha venta de acciones para acusarlo de estafa. Nunca tuvo esa prueba porque el dinero es de los Empresarios y no del Banco de Los Trabajadores.
En los delitos de uso de documentos falsificados y falsificación de documentos, es el mismo Ministerio Público quien en sus investigaciones y pruebas que ofreció en la audiencia del 12 de octubre de 2016, dice que fue el Promotor quien hizo la venta y éste como quedo explicado era legalmente representante del Banco de Los Trabajadores, como lo dice en su dictamen el Director de Jurídico, hoy prófugo de la justicia.
El 26 de junio de 2017, nuevamente presentes en la audiencia del Debate
La tortura y vejámenes en contra del Abogado Álvaro Erik Montes, no termina, a pesar que se indicó en el Tribunal de Sentencia que no podía iniciarse un debate, por haber recursos pendientes desde el año 2013 al 2017 y una Casación en la Corte Suprema de Justicia. Se dio inicio con la complicidad de la fiscal Santizo Macal.
Ésta fiscal solicita que se suspenda el debate y se adhieren los mandatarios a la petición, ahora aducen que se violarían los derechos del imputado si se continúa con el debate, porque no hay resolución del Recurso de Casación.
Nunca les importó el daño físico y psicológico que ha sufrido durante estos largos nueve años el Licenciado Montes y su familia.
La fiscal Diana Julieta Santizo Macal y todos los que avalaron esta acción cometieron flagrantes delitos. El daño ya está hecho, la fase intermedia no ha terminado, hay DENEGACIÓN DE JUSTICIA por parte de la justicia de Guatemala.
La juez que preside el Debate, y que resolvió la Actividad Procesal Defectuosa que fue notificada el 22 de mayo de 2017 por el Tribunal de Sentencia de Antigua Guatemala hizo ver del Recurso de Casación que estaba pendiente por resolver la Corte Suprema de Justicia y aún así dio inicio al Debate, que ha quedado suspendido el 26 de junio indefinidamente hasta que sea resuelto ese recurso. Siendo eso completamente un acto ilegal y si lo resuelven faltaría que también se resuelvan los recursos pendientes de la Etapa Intermedia.
Véase la ilegalidad en el sistema putrefacto de justicia.
RESPONSABILIZAMOS AL ESTADO DE GUATEMALA, DE LO QUE LE PUEDA SUCEDER AL ABOGADO ÁLVARO ERIK MONTES Y SU FAMILIA
¡Solo denunciando podemos aspirar a tener instituciones libres de impunidad y corrupción!
